Educación, democracia y corrupción: la urgencia de una ciudadanía consciente

 

Educación, democracia y corrupción: términos manipulados por quienes han ostentado el poder en diversos países en detrimento de la sociedad.

Escribir sobre educación es escribir sobre liberación, pues la verdadera educación constituye la única vía eficaz para acercar al ser humano a la vida en libertad. Se trata de una libertad orientada a asumir la responsabilidad de la propia existencia, ya que solo cuando nos conocemos, nos aceptamos y comprendemos nuestra realidad, podemos descubrir y alcanzar nuestro verdadero propósito de vida.

En contraposición, escribir sobre democracia hoy en día implica enfrentarse a un modelo político que ha fracasado en gran medida al pretender mejorar la vida de las mayorías. El acto de votar ha sido pervertido por la corrupción de los gobernantes elegidos, quienes traicionan sistemáticamente a los electores. Estos ciudadanos, impulsados con frecuencia por la emocionalidad del momento, eligen a sus representantes sin valorar adecuadamente sus habilidades, destrezas, entorno familiar y, sobre todo, su compromiso ético con el cargo al que aspiran.

La democracia más allá del voto y la impunidad de los cargos

En la concepción tradicional de la política, se suele presentar al voto como el distintivo supremo de la democracia. Sin embargo, la historia demuestra que hasta en las dictaduras más crueles han existido procesos electorales, muchos de los cuales han sido permitidos y avalados por gobiernos democráticos e instituciones internacionales que terminan dándole la espalda a la ciudadanía.

Esta distorsión se evidencia también en la disparidad de exigencias para ejercer responsabilidades públicas y privadas. Mientras que, para ocupar para rector universitario, magistrado del Tribunal Supremo o director ejecutivo de una empresa se demanda un alto nivel académico y una vasta trayectoria profesional —aunque estos ámbitos tampoco estén exentos de sonados casos de corrupción—, para ocupar cargos de máxima relevancia pública como presidente, diputado, senador, gobernador o alcalde, solo se requiere la nacionalidad y una edad mínima. Resulta paradójico que a quienes se les confía la conducción y el destino de un país no se les exija un perfil riguroso.

Los casos de corrupción en la función pública abundan en todo el mundo y, lo más deplorable, es que cuando se logra juzgar y condenar a los responsables, las penas de cárcel resultan ser una burla para la sociedad, sirviendo únicamente de aliento para que otros continúen delinquiendo.

Por su parte, el Poder Legislativo promulga continuamente leyes anticorrupción que en muchas ocasiones son simples copias de legislaciones extranjeras. Aunque se publicitan como la solución definitiva, terminan pasando a formar parte de una extensa biblioteca de leyes incumplidas. Estas quedan en el olvido porque atacan directamente los intereses del propio poder; no son cumplidas por los funcionarios y, cuando se aplican, se hace de forma torcida y conveniente. En este entramado, la Fiscalía y el Poder Judicial juegan un rol fundamental, pero lamentablemente también se encuentran en muchos casos carcomidos por las mismas redes de corrupción.

Por ello, la labor legislativa y la institucionalidad solo serán auténticamente democráticas cuando la inmunidad deje de ser sinónimo de impunidad. Todo funcionario debe ser juzgado como cualquier ciudadano, pues el fuero se ha utilizado como excusa para delinquir y perjudicar los intereses de la nación. Este daño genera un profundo desprestigio y una alarmante falta de credibilidad que impulsa a la ciudadanía a buscar salidas en candidatos populistas. Estos últimos, actuando como caudillos, terminan por destruir las débiles instituciones democráticas y convierten al Estado en su granja familiar.

¿Para qué elegir? ¿El cáncer de la corrupción y el papel de la educación?

La problemática no se limita al ámbito electoral. En los países democráticos, los funcionarios públicos utilizan sus cargos para múltiples formas de corrupción: desde el clásico tráfico de influencias, la malversación de fondos y el uso indebido de bienes del Estado, hasta la venta de contratos de obras públicas. Esta situación se ha transformado en un cáncer que pareciera no tener cura en la actualidad. Los funcionarios públicos se apertrechan detrás de sus cargos y de leyes aprobadas a su medida para servir a sus benefactores de campaña (por lo general, sectores económicos con intereses a menudo ocultos y opuestos a la ciudadanía que los eligió).

Aun existiendo leyes y organismos anticorrupción, el erario continúa siendo saqueado, mientras que el elector que confió y votó por un candidato puede hacer poco o nada para que este sea llevado ante la justicia, juzgado y sentenciado.

Una ciudadanía consciente

Es aquí donde el hilo conductor de la educación cobra un rol determinante. Una educación para la vida, transformadora no solo forma profesionales, sino ciudadanos reflexivos con capacidad crítica para evaluar a los candidatos antes del voto y para ejercer un control efectivo durante el ejercicio del gobierno.

La verdadera salida a este círculo de corrupción requiere consolidar mecanismos reales de participación y fiscalización. Por ello, hace falta mucho más que solo votar y luego protestar para exigir los cambios que demanda la sociedad. El poder público debe estar al servicio de la nación y no de un selecto grupo de privilegiados. En este sentido, la independencia de los poderes públicos, la eliminación de la inmunidad parlamentaria, los mecanismos de contraloría ciudadana, la remoción de cargos mediante consulta y la evaluación ciudadana permanente de lo planeado frente a lo ejecutado surgen como opciones fundamentales a valorar. Solo combinando una educación orientada a la libertad y a la ética con una ciudadanía activa y capacitada para la auditoría pública, podremos sanar las instituciones y transformar la democracia en un modelo real al servicio de todos.

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Dr. Miguel Angel Ramirez